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Ley 20.393 · Ley 21.595 · Chile

Un modelo de prevención de delitos que pueda demostrar que funciona

Desde el 1 de septiembre de 2024, a la persona jurídica no la protege tener un modelo en papel: la exime uno adecuado y efectivamente implementado. Qué exige la Ley 20.393 y cómo Snap Compliance le ayuda a sostenerlo con evidencia.

En resumen

Qué regula

Responsabilidad penal de la persona jurídica

Cuándo responde penalmente una persona jurídica, cómo se investiga y qué penas recibe. Cubre todos los delitos de los artículos 1 a 4 de la Ley de Delitos Económicos y los demás que enumera su artículo 1.

A quién obliga

Toda persona jurídica de derecho privado

También las empresas públicas creadas por ley; las empresas, sociedades y universidades del Estado; los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público (art. 2).

Quién investiga

Ministerio Público

La Fiscalía investiga y formaliza a la persona jurídica, y los tribunales con competencia penal determinan su responsabilidad e imponen las penas (arts. 20 a 29). No hay un supervisor administrativo.

Vigencia de la reforma

1 de septiembre de 2024

La Ley 21.595 se publicó en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023 y fijó para sus cambios a la Ley 20.393 el primer día del decimotercer mes siguiente (art. 60 N° 1).

Leer el texto oficial: Ley 20.393

Qué exige

Qué exige la Ley 20.393

La ley no impone un modelo único: describe el que exime de responsabilidad. Se exige en la medida que corresponda al objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y actividades de la entidad, y tiene que estar efectivamente implementado.

Identificar las actividades con riesgo de delito

Mapear las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva (art. 4 N° 1).

Protocolos para prevenir y detectar

Establecer protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en esas actividades (art. 4 N° 2).

Canales seguros de denuncia y sanciones internas

Los protocolos deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento (art. 4 N° 2).

Comunicarlo y llevarlo a los contratos

Comunicar los protocolos y sanciones a todos los trabajadores e incorporarlos a los contratos de trabajo y de prestación de servicios, incluidos los de los máximos ejecutivos (art. 4 N° 2).

Un responsable independiente y con recursos

Asignar uno o más responsables con independencia, facultades efectivas de dirección y supervisión, acceso directo a la administración y los recursos necesarios (art. 4 N° 3).

Evaluaciones por terceros independientes

Prever evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos para perfeccionar o actualizar el modelo a partir de ellas (art. 4 N° 4).

Implementación efectiva, no solo formal

La responsabilidad nace cuando el delito se ve favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado (art. 3); el modelo debe considerar sus aspectos seria y razonablemente (art. 4).

Mirar también al grupo

La entidad también puede responder por hechos cometidos desde otra persona jurídica que le presta servicios gestionando sus asuntos o que carece de autonomía operativa a su respecto, cuando hay relaciones de propiedad o participación (art. 3).

Consecuencias

Penas para la persona jurídica

El artículo 8 prevé la extinción de la persona jurídica, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, la supervisión por un plazo de seis meses a dos años, la multa, el comiso y la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. La multa se impone siempre (art. 15): de 2 a 400 días-multa, cada uno de 5 a 5.000 UTM, y nunca más de 600 días-multa en conjunto (art. 12). La extinción procede solo en crímenes, con condena previa en los diez años anteriores o reiteración, y no se aplica a las empresas públicas creadas por ley ni a quienes presten un servicio de utilidad pública esencial (art. 9). Para elegir las demás penas, el tribunal pondera la existencia del modelo de prevención y su grado de implementación (art. 15). La persona jurídica responde aunque no se condene ni identifique a la persona natural que cometió el hecho (art. 5).

Cómo lo resolvemos

Cómo le ayuda Snap Compliance con la Ley 20.393

Compliance Agent, disponible hoy, gestiona el modelo de prevención de delitos como un modelo de cumplimiento vivo: catálogo de regulaciones y riesgos, controles, evaluaciones, KRIs, planes de acción con responsables y seguimiento, y un tablero de control. Así, lo que pide el artículo 4 queda documentado con evidencia, y los hallazgos de cada evaluación independiente se convierten en mejoras trazables. Dos módulos en desarrollo completan el modelo: el Canal de Denuncias Anónimas, diseñado con anonimato criptográfico, código único de seguimiento y un flujo para el comité de ética; y Risk Copilot, con matrices de riesgo inherente y residual, controles sugeridos por IA y vista de varias compañías del grupo.

Módulos de Snap Compliance

Lo que más nos preguntan sobre la Ley 20.393

¿Qué personas jurídicas están obligadas por la Ley 20.393?
El artículo 2 de la Ley 20.393 alcanza a las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. No distingue por tamaño: lo que varía según el giro, tamaño, complejidad y recursos es cuánto se le exige al modelo de prevención (art. 4). Compliance Agent le permite dimensionar ese modelo y documentar sus controles.
¿Cuándo responde penalmente una empresa según la Ley 20.393?
Según el artículo 3, cuando un delito del artículo 1 se comete en el marco de su actividad, por o con la intervención de alguien que ocupa un cargo, función o posición en ella o le presta servicios gestionando sus asuntos ante terceros, y el hecho se ve facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención. No responde si el delito se comete solo contra ella. Compliance Agent ordena la evidencia de ese modelo.
¿Por qué delitos responde una persona jurídica en Chile desde la Ley 21.595?
Desde el 1 de septiembre de 2024, el artículo 1 de la Ley 20.393 incluye todos los delitos de los artículos 1 a 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no económicos según esa ley: entre ellos, delitos del mercado de valores, bancarios, tributarios, ambientales, cohecho y lavado de activos. Suma el financiamiento del terrorismo, delitos de la ley de control de armas, la trata de personas y la sustracción de madera. Risk Copilot está diseñado para llevar esos riesgos en una matriz.
¿Qué debe incluir un modelo de prevención de delitos según la Ley 20.393?
El artículo 4 pide considerar seria y razonablemente cuatro aspectos, en la medida exigible al giro, tamaño, complejidad y recursos de la entidad: identificar las actividades o procesos con riesgo de delito; protocolos y procedimientos con canales seguros de denuncia y sanciones internas; uno o más responsables con independencia, facultades y recursos; y evaluaciones periódicas por terceros independientes con mecanismos de mejora. Compliance Agent organiza cada aspecto como controles con su evidencia y su plan de acción.
¿Quién evalúa el modelo de prevención de delitos según la Ley 20.393?
El texto vigente no habla de certificar el modelo. El artículo 4 N° 4 pide prever evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos para perfeccionarlo o actualizarlo a partir de ellas. La ley no fija la periodicidad ni define quién es tercero independiente, así que conviene documentar por qué se eligió cada evaluador y cada frecuencia. Los hallazgos de cada evaluación pueden convertirse en planes de acción con responsables y plazos en Compliance Agent.
¿Qué penas puede recibir una persona jurídica por la Ley 20.393?
El artículo 8 enumera la extinción de la persona jurídica, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, la supervisión, la multa, el comiso y la publicación de un extracto de la sentencia. La multa se impone siempre (art. 15) y va de 2 a 400 días-multa, cada uno de 5 a 5.000 UTM (art. 12). Para elegir las demás penas, el tribunal pondera la existencia del modelo de prevención y su grado de implementación.
¿Un modelo de prevención de delitos exime de responsabilidad penal a la empresa?
Sí, si es adecuado y está efectivamente implementado: el artículo 4 lo define como el modelo que exime de responsabilidad penal, y el artículo 3 exige que el delito se haya visto facilitado por su falta. Tenerlo en papel no basta. Un modelo parcial también cuenta: su grado de implementación pesa al elegir las penas (art. 15), y adoptar medidas eficaces antes de la formalización es atenuante (art. 6). Compliance Agent deja la trazabilidad de esa implementación.
¿Qué papel tiene el Ministerio Público en la Ley 20.393?
La Fiscalía investiga. Si al investigar un delito encuentra fundamentos para la responsabilidad de la persona jurídica, amplía la investigación (art. 20), puede formalizarla citando a su representante legal (art. 22) y pedir su supervisión como medida cautelar (art. 20 bis). No puede aplicarle el principio de oportunidad (art. 24). En una suspensión condicional, el juez puede ordenar implementar el modelo de prevención (art. 25). Compliance Agent mantiene la evidencia del modelo lista para mostrarla.
¿Qué requisitos tiene el encargado de prevención de delitos en Chile?
El artículo 4 N° 3 de la Ley 20.393 pide asignar uno o más responsables de aplicar los protocolos, con adecuada independencia, facultades efectivas de dirección y supervisión, y acceso directo a la administración para informarle, rendir cuenta y pedir medidas que excedan su competencia. La persona jurídica debe darles los recursos y medios necesarios según su tamaño y capacidad económica. Risk Copilot está diseñado para darle a ese responsable reportes auditables que presentar al directorio.
¿Responde una empresa por delitos cometidos desde otra sociedad de su grupo?
Puede responder. El artículo 3 extiende la responsabilidad al hecho de una persona vinculada a otra persona jurídica, cuando esta le presta servicios gestionando sus asuntos ante terceros o carece de autonomía operativa a su respecto, y entre ellas existen relaciones de propiedad o participación, siempre que falte un modelo efectivo. Por eso los protocolos y la denuncia deben llegar a todo el grupo: el Canal de Denuncias Anónimas está diseñado para operar varias compañías desde una consola.

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