Para bancos, aseguradoras, corredoras, AFP, cooperativas, fintech, notarios, corredores de propiedades, automotoras y el resto de los sujetos del artículo 3: qué le exigen la ley y la Circular N° 62 de la UAF, qué arriesga si no cumple y cómo Snap Compliance lo convierte en un programa con evidencia.
En resumen
Qué regula
Crea la Unidad de Análisis Financiero, obliga a reportar las operaciones sospechosas y a registrar las operaciones en efectivo, y tipifica el lavado de activos (art. 27).
A quién obliga
Del sistema financiero a notarios, conservadores, corredores de propiedades, casinos, automotoras, joyerías y los inscritos en los registros de la Ley Fintec: 55 actividades económicas, según la UAF.
Quién supervisa
La UAF dicta las instrucciones, fiscaliza con enfoque basado en riesgos y sanciona. La CMF suma sus normas para las entidades que supervisa; su Circular N° 2368, de febrero de 2026, alineó con la Circular N° 62 las de bancos, emisores de tarjetas no bancarios y cooperativas.
Hito clave
Entró en vigor la Circular N° 62, que reunió en una sola norma las instrucciones de la UAF y derogó 24 circulares anteriores, entre ellas la N° 49. La ley rige desde diciembre de 2003.
Qué exige
La ley fija los deberes y la Circular N° 62 de la UAF dice cómo cumplirlos. Estas son las obligaciones comunes a todos los sujetos del artículo 3; la CMF agrega las suyas para las entidades que supervisa.
Inscribirse en el registro de la UAF (art. 40) y designar a un funcionario responsable de relacionarse con ella (art. 3). La Circular N° 62 pide que ocupe un cargo de alta responsabilidad, con independencia, recursos y acceso a todas las operaciones (cap. B).
Identificar y conocer al cliente antes o durante la relación, en operaciones ocasionales desde USD 3.000 y ante cualquier sospecha, con una ficha que se actualiza al menos una vez al año y medidas reforzadas para el alto riesgo (Circular N° 62, cap. F).
Pedir a cada cliente persona o estructura jurídica la declaración de sus beneficiarios finales: quien posee el 10% o más del capital o de los votos, o ejerce el control efectivo. Una demora de 40 días hábiles es señal de alerta (cap. G).
Determinar si el cliente o su beneficiario final es PEP, hasta al menos un año después del cargo y con su familia cercana, y aplicarle aprobación de la alta gerencia, origen del patrimonio y de los fondos y seguimiento intensificado (cap. H).
Reportar a la UAF, en el menor tiempo posible y sin monto mínimo, toda operación inusual o sin justificación aparente, sin avisarle al cliente (arts. 3 y 6). Una coincidencia con las listas del Consejo de Seguridad de la ONU se reporta de inmediato (art. 38 y cap. C).
Registrar las operaciones en efectivo sobre USD 10.000 (art. 5) y reportarlas: cada mes los bancos, cada trimestre el resto del sector financiero y cada semestre el sector no financiero, con reporte negativo si no las hubo (cap. D).
Mantener los registros de efectivo, operaciones sospechosas —también las descartadas—, debida diligencia, PEP y transferencias por al menos cinco años desde terminada la relación, a disposición de la UAF (art. 5 y cap. E).
Un Manual de Prevención y Detección aprobado por la más alta instancia directiva, actualizado al menos cada dos años y entregado a todo el personal, y capacitación anual de todos los colaboradores, con registro de asistentes (caps. J y L).
Consecuencias
El Director de la UAF sanciona según la capacidad económica del infractor y la gravedad y las consecuencias del hecho (art. 19): amonestación o multa de hasta 800 UF por incumplir sus instrucciones; hasta 3.000 UF por fallar en el registro de operaciones en efectivo; y hasta 5.000 UF por incumplir el artículo 3, como no reportar operaciones sospechosas, o no entregar los antecedentes que la UAF pide (art. 20). Si una infracción de la misma naturaleza se repite en doce meses, la multa puede triplicarse, y puede recaer también en los directores o representantes que participaron (art. 21). Avisarle al cliente de un reporte es delito: presidio menor y multa de 100 a 400 UTM (arts. 6 y 7).
Cómo lo resolvemos
Debida Diligencia arma el expediente de cada cliente con checklists documentales y formularios configurables, y ajusta la intensidad de la diligencia a su riesgo. Scan Agent cruza a clientes y beneficiarios finales con listas de sanciones —entre ellas la del Consejo de Seguridad de la ONU—, PEP y noticias adversas, y vuelve a revisar la cartera de forma periódica. El Monitoreo AML analiza cada día las transacciones contra el perfil de cada cliente, segmenta la cartera por riesgo, guarda sin límite el historial de alertas y genera los reportes para el regulador, incluido el ROS. Compliance Agent lleva las obligaciones de la Circular N° 62 como controles, evaluaciones y planes de acción. La aprobación del manual y la capacitación anual siguen siendo de su entidad: Snap le deja la evidencia ordenada.
Módulos de Snap Compliance
Doce cierres de la matriz de riesgo en una sola vista: cuántos clientes pasaron a riesgo alto, cuántos escalan sin volver atrás y desde qué cierre rige una metodología nueva.
Cada cliente con sus doce cierres y un patrón que ordena la atención: escalada sostenida, deterioro reciente, oscilante o estable en nivel alto, candidato a debida diligencia reforzada. La lista sale a Excel con un clic.
El puntaje de cada cierre, el subfactor que cambió el nivel y en qué mes. Desde cada movimiento se abre su justificación en Reclasificación de Clientes.
Pantallas de Snap Compliance con datos ficticios.
Ley 20.393 · Ministerio Público
Ley 20.393: modelo de prevención de delitos en Chile
Ley 21.719 · Agencia de Protección de Datos Personales
Ley 21.719: protección de datos personales en Chile
Ley 21.663 · ANCI
Ley 21.663: Ley Marco de Ciberseguridad en Chile
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