El marco de cumplimiento de Costa Rica, norma por norma

Cinco frentes principales. La Ley 7786 y el CONASSIF 12-21, para prevenir la legitimación de capitales; la Ley 10.889 y el Reglamento SUGEF 5-26, para los fraudes electrónicos; la Ley 8968, para los datos personales; la Ley 9416, para declarar a los beneficiarios finales; y el CONASSIF 4-16, para el gobierno corporativo. Cada una tiene su página, con lo que exige y cómo la resuelve Snap Compliance.

Depende de la norma. El CONASSIF dirige a las cuatro superintendencias —SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE— y aprueba sus reglamentos, como el CONASSIF 12-21 de prevención y el CONASSIF 4-16 de gobierno corporativo. La SUGEF supervisa además la Ley 10.889 de fraudes electrónicos. La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD recibe los reportes de operaciones sospechosas; la PRODHAB vela por la Ley 8968; y el Banco Central administra el registro de beneficiarios finales. Compliance Agent reúne esas obligaciones en un solo modelo de cumplimiento.

La Ley 7786 reparte a los sujetos obligados en cinco artículos. El 14 abarca a las entidades que supervisan SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y a las empresas de sus grupos financieros; el 15, actividades financieras fuera del sistema supervisado, como las remesas; el 15 bis, a las actividades y profesiones no financieras; el 15 ter, a los notarios; y el 15 quater, a los proveedores de servicios de activos virtuales. Del artículo depende qué reglamento cumple su entidad y quién la supervisa.

Desde el 22 de abril de 2026, la Ley 10.889 hace a las entidades supervisadas por la SUGEF responsables, aunque no haya culpa, por el dinero que un tercero no autorizado sustrae de las cuentas de sus clientes, e invierte la carga de la prueba en favor del consumidor. Solo admite tres causales de rechazo: autofraude, dolo o transferencia entre cuentas del mismo titular. Cada reclamo activa plazos estrictos, y el Reglamento SUGEF 5-26 fija los controles mínimos que la entidad debe demostrar.

La Ley 8968, vigente desde el 5 de setiembre de 2011, obliga a informar antes de recolectar, a obtener el consentimiento expreso del titular salvo las excepciones de ley, a mantener datos exactos y no conservarlos más de lo necesario, a atender los derechos de acceso, rectificación y supresión, y a proteger la seguridad y la confidencialidad de la información. La PRODHAB la supervisa y sanciona las faltas con multas en salarios base. Compliance Agent la gestiona como parte de su modelo de cumplimiento.

Es el registro que creó la Ley 9416 y que administra el Banco Central de Costa Rica. En él, las personas jurídicas obligadas declaran a todos los titulares de su capital y a sus beneficiarios finales: las personas físicas que finalmente las poseen o controlan, por propiedad a partir del 15%. Solo el Ministerio de Hacienda y el ICD consultan el registro. Para las entidades de la Ley 7786, identificar al beneficiario final es parte de la debida diligencia, que el módulo de Debida Diligencia documenta en cada expediente.

El Reglamento sobre Gobierno Corporativo, CONASSIF 4-16, hace al Órgano de Dirección responsable de la estrategia, la cultura y el Código de Conducta de la entidad. Exige una declaración de apetito de riesgo por escrito, directores independientes con perfil idóneo, comités técnicos con actas, funciones de riesgos, cumplimiento y auditoría interna independientes, reglas sobre conflictos de intereses y partes vinculadas, y un Código de Gobierno Corporativo con revelación anual. Compliance Agent lleva cada principio como un control con su evidencia.

Los dos desarrollan la Ley 7786, pero para universos distintos. El CONASSIF 12-21, antes Acuerdo SUGEF 12-21, es el reglamento de prevención para las entidades financieras del artículo 14, y lo aplican SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE. El SUGEF 13-19 rige para quienes se inscriben ante la SUGEF por los artículos 15 y 15 bis, como remesadoras, inmobiliarias, casinos o casas de empeño. El Toolkit de Debida Diligencia para Costa Rica está construido sobre ambos.

A la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, de inmediato y en forma confidencial, incluidos los intentos de operación. Las entidades del artículo 14 de la Ley 7786 reportan por UIF Directo; los sujetos de los artículos 15 y 15 bis, por UIF Reportes. Nadie puede avisarle al cliente que fue reportado. El monitoreo AML de Snap Compliance compara cada operación con el perfil del cliente y conserva cada alerta con su trazabilidad para el análisis del oficial.

Con una sola plataforma, Compliance OS. El monitoreo AML, la Debida Diligencia y Scan Agent resuelven la Ley 7786 y el CONASSIF 12-21; Compliance Agent lleva el resto —la Ley 10.889, la Ley 8968 o el CONASSIF 4-16— como controles con responsable, plazo y evidencia, y le muestra al Órgano de Dirección dónde está la entidad. Para el marco documental, los toolkits de la tienda dan los documentos listos para adaptar.